Más noticias – Noticias de última hora
A partir del 2 de agosto España comenzará a aplicar la Directiva Europea de Conciliación, que establece un mínimo de cuatro semanas de permiso retribuido para los padres desde el nacimiento de un hijo hasta los 8 años. Sin embargo, su implementación quedará suspendida hasta 2025 mientras el gobierno de coalición negocia los términos.
Esta directiva, aprobada en 2019, exige que todo trabajador tenga un permiso parental durante al menos cuatro meses antes de que el hijo cumpla 8 años. Estos dos meses son intransferibles y deberán ser sancionados si no son completos. El Gobierno tiene hasta ahora un plazo adicional hasta agosto para adaptarse a estos requisitos.
La ley de familias ya reconoce este derecho, pero también el derecho a definir cómo y cuándo se financiará deja en suspenso el cumplimiento total de la directiva. Los funcionarios del Ministerio de Derechos Sociales insisten en que no renunciaremos a la remuneración de cuatro semanas, aunque algunos miembros del Gobierno ya lo hayan hecho.
El parlamentario de Sumar, Carlos Martín Uriza, explica que la directiva exige al menos 22 semanas de licencia remunerada: 14 por nacimiento y 8 por cuidado antes de que el niño cumpla 8 años. Actualmente, España ofrece 19 semanas, divididas en 16 semanas de nacimiento y 3 semanas adicionales de lactancia.
Se sugiere al PSOE ampliar el permiso por nacimiento de 16 a 20 semanas y garantizar el pago de 4 de las 8 semanas del permiso parental. Esto podría costarle al gobierno alrededor de 250 millones de euros durante la semana paga. Además, si la normativa no se aplica a tiempo, la multa podría alcanzar los 53.600 euros diarios.
Hay muchos jóvenes e incertidumbres tanto entre los trabajadores como entre los empleados sobre cómo financiar estos permisos. Según Catarina Capeáns, especialista en derechos laborales, aunque la ley reconoce los derechos, no está concreto cómo se debe pagar. Esto ha generado confusión sobre el porcentaje del salario que se destinará a estas licencias y su coste.
Mamen Sánchez, consultora laboral, también dice que la falta de claridad sobre cómo implementar estos permisos ha generado incertidumbre en muchas empresas. La responsabilidad del pago es del Estado, pero es necesario un desarrollo normativo que lo haga vital, con el objetivo de cumplir plenamente la directiva en 2025.
Noticias de interés – Colaboradores destacados