El más alto entre los países desarrollados.

La mayoría de los países desarrollados ha eliminado el impuesto sobre activos netos. Sin embargo, en España este impuesto sigue vigente y es el más elevado, con una carga impositiva que puede llegar hasta el 3,5%. En los países de la OCDE, sólo Suiza, Noruega y Colombia mantienen este tipo de impuestos, aunque con muchas más bahías que España.

Según datos de la OCDE, en España el importe sobre los activos es progresivo y varía desde el 0,16% en Navarra hasta el 3,5% para activos superiores a 700.000 euros.

Además, en 2022, el Gobierno de Pedro Sánchez introdujo un nuevo impuesto al patrimonio que se aplica entre el 1,7% y el 3,5% a las personas con activos superiores a los tres millones de euros. Este impuesto también se aplica a los residentes en España con bienes en el extranjero, mientras que los bienes situados en España están sujetos al gravamen aunque su propietario no resida en el país.

En Noruega, el impuesto sobre el patrimonio es del 1% para las personas con activos superiores a 150.000 euros, con un 0,7% asignado a los municipios y un 0,3% al gobierno central. Para las actividades superiores a 1,74 millones de euros, el tipo se reduce al 1,1%. En Suiza, los impuestos a los activos varían según el cantón, con tasas entre el 0,3% y el 0,5%, y se aplican tanto a los activos nacionales como a muchos activos en países extranjeros.

Aunque España tiene la carga fiscal sobre el patrimonio más alta del mundo, los grandes patrimonios españoles tienen una carga fiscal mayor que sus equivalentes en Suiza o Noruega. Esto se debe a que el PIB per cápita es el triple que el de España, y el de Estados Unidos es 2,5 veces mayor.

Los expertos creen que este tipo de impurezas son ineficaces y muchos países desarrollados han decidido eliminarlas. Según la OCDE, en 2022, el impuesto al patrimonio en España representa el 0,54% del total de los ingredientes fiscales, equivalente al 0,19% del PIB. En Noruega, este impuesto representó el 1,06% del total de los ingredientes fiscales, equivalente al 0,75% del PIB. En Suiza, los ingresos fiscales por este impuesto representan el 4,35% del total, equivalente al 1,19% del PIB.

Los expertos aseguran que estos montos generan pocos ingresos, grandes costos administrativos y fomentan la evasión fiscal. La economista Cristina Enache, en un artículo para el think tank Tax Foundation, explica que estos cobros son ineficaces por su mal diseño y sus elevados costes de implementación.

En 2021, el Tribunal Supremo de los Países Bajos declaró que este tipo de delitos atentan contra la justicia europea. En España, las comunidades de Madrid, Galicia y Andalucía repitieron ante el Tribunal Constitucional el “impuesto de solidaridad” de Pedro Sánchez.

El término “impuesto temporal de solidaridad”, que grava los bienes superiores a tres millones de euros, se introdujo para contrarrestar la eliminación del impuesto sobre la propiedad en algunas comunidades autónomas. El Ministerio de Hacienda, que dirige María Jesús Montero, asegura que esta medida permitirá recuperar los ingresos tributarios perdidos.

En respuesta, las comunidades de Madrid, Extremadura y Andalucía han ajustado su propio impuesto sobre el patrimonio, estableciendo un impuesto autonómico que compensa la diferencia con el impuesto estatal de solidaridad y ofreciendo el 100% de recuperación en estas regiones. Cantabria y Baleares también elevaron la sombra de la exposición hasta los tres millones de euros, y Murcia la sufrió hasta los 3,7 millones de euros.