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El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) multó a Telcel, uno de los principales proveedores de servicios móviles de México, con 90.6 millones de dólares por prácticas que limitan la competencia del libre mercado. Según el IFT, la empresa realizó sociedades monopólicas para ofrecer incentivos a los distribuidores con el objetivo de bloquear la venta de productos de sus competidores en los estados de Michoacán, Colima y Jalisco.
El IFT explicó que Telcel brindó información y ventajas a ciertos canales de distribución, condicionando la oferta de paquetes de telefonía móvil a que no se comercializaran productos de otras empresas competidoras. Esta estrategia, según se informó al regulador, comprometía los derechos de los consumidores al limitar su capacidad de elegir entre diferentes opciones de servicios móviles.
La investigación que derivó en esta sanción comenzó en el verano de 2021 y concluyó con un Dictamen de Probable Responsabilidad a finales de este pasado año. Telcel tiene la oportunidad de impugnar esta resolución y presentar su defensa durante el proceso judicial.
Por su parte, América Móvil, el conglomerado propietario de Telcel, ha anunciado su intención de convocar la multa. En un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores, la empresa respondió a las acusaciones y preguntó cómo se llevaría a cabo la investigación, argumentando que las acusaciones se basaban en declaraciones de un competidor.
Telcel mantiene una posición dominante en la industria móvil de México, operando aproximadamente el 58,7% de los 142,7 millones de líneas móviles registradas en el país. Durante el trimestre de 2023, la compañía reportó una entrada de 62.673 millones de pesos, lo que representa una participación de mercado del 69,1%.
El IFT ha reinstaurado la importancia de los organismos reguladores para asegurar un mercado competitivo. Esta sanción suscribe el estatuto crucial que quita a estas entidades en la promoción de las condiciones de libre competencia en México, especialmente en un contexto en el que se discute la posible reforma que busca articular a los organismos autónomos, incluido el IFT.
El presidente Andrés Manuel López Obrador ha propuesto una ley que podría llevar a la desaparición del IFT y otras instituciones independientes, argumentando que representa un recurso necesario para el gobierno. Según el mandato, estas entidades no complementan adecuadamente su propuesta, habiendo recibido más de 32.313 millones de pesos desde su creación.
La posible eliminación del IFT ha generado preocupación entre los especialistas, quienes advierten que podría significar una rebaja para las industrias reguladas y afectar políticas establecidas en tratados comerciales como el T-MEC. Aunque los impulsores de la reforma aseguran que no afectarán las obligaciones del país en el comercio internacional, el debate continúa.
La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Representantes ya aprobó la legislación en términos generales, y la decisión final sobre la continuidad o extinción del IFT dependerá de la próxima legislatura, que inició sus funciones el 1 de septiembre. Con mayor calificación garantizada por el funcionario, la situación del IFT y otros organismos autónomos es un punto crítico.
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