La problemática de las personas sin hogar en Estados Unidos sigue aumentando, alcanzando cifras históricas que superan los 770,000 afectados en 2024. Aunque es la mayor economía global, con un Producto Interno Bruto que ronda los 30 billones de dólares, el país enfrenta dificultades persistentes para asegurar vivienda y asistencia a sus ciudadanos más vulnerables. Este fenómeno ha generado un intenso debate sobre las acciones emprendidas por la administración del presidente Donald Trump, quien recientemente reveló políticas que incluyen el despliegue de la Guardia Nacional en Washington D.C., el fortalecimiento del cuerpo policial y la puesta en marcha de órdenes ejecutivas que buscan reubicar a las personas sin hogar lejos de las calles.
El mandatario estadounidense justificó las acciones señalando que buscan «liberar» la capital de lo que considera comportamientos desordenados de los sin techo y de la delincuencia. Sin embargo, las autoridades locales, encabezadas por la alcaldesa Muriel Bowser, calificaron estas medidas de «desconcertantes e improcedentes», destacando que los delitos violentos en la ciudad han descendido a niveles históricamente bajos en los últimos años, según datos de la Policía Metropolitana de Washington D.C.
Números sin precedentes y desarrollo continuo
El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) lleva a cabo un conteo anual de las personas sin hogar desde 2007, y el más reciente registro de enero de 2024 mostró 771.480 individuos viviendo en la calle, un incremento del 18% respecto al año anterior. El aumento se ha dado en todas las categorías poblacionales, con un crecimiento particularmente significativo del 40% entre familias con hijos, casi 150.000 menores que enfrentan la falta de un hogar.
Por otro lado, la cantidad de veteranos sin hogar ha bajado un 8%, mostrando mejoras en iniciativas específicas para exmilitares. En el grupo que no cuenta con refugios, la disminución fue incluso más significativa, alcanzando un 11%, sumando un total de 13.851 individuos.
El informe del HUD atribuye este crecimiento a varios factores, entre ellos la crisis nacional de la vivienda, el fin de las ayudas federales de la pandemia como las moratorias de desalojo y el Programa de Asistencia para Alquiler de Emergencia, así como la presión demográfica causada por la llegada de migrantes en busca de asilo. Las comunidades con mayor flujo migratorio han registrado un aumento de familias sin hogar más del doble que en el resto del país.
Causas fundamentales de la crisis
Especialistas y organizaciones dedicadas a la erradicación de la falta de vivienda subrayan que la problemática es compleja, estructural y multifactorial. Entre los principales factores destacan la escasez de viviendas asequibles, la brecha creciente entre ingresos y costos de alquiler, el acceso limitado a la atención médica y servicios sociales, así como el racismo y la marginación sistémica.
Según la National Low Income Housing Coalition (NLIHC), un trabajador promedio con salario mínimo necesitaría trabajar 104 horas semanales para poder costear un apartamento de un dormitorio. En Estados Unidos hay una escasez estimada de 7,1 millones de viviendas de alquiler asequibles para personas de ingresos extremadamente bajos, equivalentes a solo 35 unidades disponibles por cada 100 hogares que califican.
Además, la falta de un sistema de salud pública universal agrava la situación. Tres de cada cuatro adultos muestran preocupación por no poder afrontar gastos médicos inesperados, y un 61% de quienes carecen de seguro privado han pospuesto su contratación debido al costo. Estas limitaciones contribuyen a la pérdida de vivienda, especialmente entre personas mayores que se quedan sin hogar después de los 50 años.
Nuevas políticas y debate
La directriz emitida por el presidente Trump en julio se centra en penalizar la mendicidad y el desorden público, asociando la mayoría de las situaciones con adicciones o trastornos mentales. Este mandato instruye a la fiscal general a anular ciertos precedentes legales y a fomentar el ingreso involuntario de personas con trastornos mentales que no puedan autogestionarse.
Expertos, como Margot Kushel de la Universidad de California, describen la acción como «demasiado simplificada y engañosa», mientras la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) alerta sobre peligros de monitoreo, invasión de privacidad y penalización de la pobreza.
Asociaciones dedicadas a la ayuda enfatizan que la clave está en implementar políticas completas que traten las causas fundamentales: acceso a casas accesibles, fortalecimiento de los servicios sociales y de salud, y acciones inclusivas que disminuyan la exclusión. Penalizar la situación de calle, de acuerdo con estos expertos, no promueve comunidades más seguras y puede agravar la situación de aquellos que ya se encuentran en una vulnerabilidad extrema.