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El escenario del diálogo social en España se encuentra en un momento delicado debido a la decisión del Gobierno de ampliar la participación de las organizaciones empresariales en estas conversaciones. A las recién presentadas CEOE y Cepyme se sumó Conpymes, grupo estatal vinculado a la catalana Pimec. Este movimiento ha generado tensiones entre las organizaciones empresariales, que buscan consolidarse como verdaderos representantes de los intereses de los empresarios. Sin embargo, sólo el 23,3% de las empresas están afiliadas a alguna de estas entidades.
Recientemente, ha aumentado la tensión entre el Gobierno y los representantes de las empresas en la Mesa de Diálogo Social, especialmente tras la propuesta de reducir la jornada laboral de 40 a 37 horas semanales. Esta medida fue bloqueada por el PSOE y Sumar, generando un fuerte resentimiento por no haber sido consultada por los agentes sociales.
El conflicto alcanzó un punto crítico durante la Asamblea General de Cepyme, donde su presidente, Gerardo Cuerva, criticó duramente el “intervencionismo” del Gobierno. Cuerva también denunció los intentos de limitar la influencia de los empresarios en las negociaciones, abriendo la puerta a organizaciones emergentes. El Gobierno, por su parte, ha defendido la inclusión de Conpymes y Pimec en órganos como el Consejo Económico y Social (CES), pero aún no ha explicado en detalle cómo se implementará esa representatividad.
El problema que nos ocupa es la falta de un sistema objetivo para acreditar la representación de las empresas en la negociación institucional, algo que sí existe para los sindicatos. Actualmente se aplica una disposición del Estatuto de los Trabajadores que exige que las organizaciones representen al menos al 10% de las empresas y trabajadores a nivel nacional o al 15% a nivel autonómico para participar en la negociación de los convenios colectivos sectoriales.
Esta falta de claridad también se refleja en la representatividad de las pequeñas y medianas empresas (PYME). Según el Reto Anual de Empleo del Ministerio de Trabajo y Economía Social, sólo el 17,8% de las empresas de 5 y 9 trabajadores están afiliadas a alguna organización empresarial, cifra que aumenta hasta el 26,3% entre las empresas de 49 empleados. Este bajo nivel de afiliación se explica, en parte, por la alta fragmentación del tejido empresarial español, donde el 92% de las empresas tienen menos de 50 trabajadores.
La representatividad también variaría significativamente según el sector y la región. En hostelería y construcción, sólo el 18,7% y el 22,9% de las empresas, respectivamente, están afiliadas a alguna organización. Por el contrario, en logística e industria las cifras son el 31,9% y el 29,7%. Territorialmente, La Rioja tiene el mayor porcentaje de empresas filiales (38,7%), seguida del País Vasco (33,7%) y Aragón (33,2%), mientras que Andalucía y Madrid tienen los porcentajes más bajos, con un 15,1% y un 18,2% respectivamente.
A pesar de estos desafíos, el 76% de los empresarios afiliados cree que su organización representa sus intereses, aunque este porcentaje varía según el tamaño de la empresa. En las pequeñas empresas esta percepción es del 73,2%, mientras que en las más grandes llega al 87%.
En este contexto, la “guerra” entre organizaciones corporativas se centra en la representación de los pioneros. Conpymes, apoyada por la catalana Pimec, critica al diario Cepyme como “satélite” de la CEOE. Esta rivalidad refleja diferencias en cómo las empresas grandes y pequeñas perciben su influencia y representación en las negociaciones con el Gobierno.
La polémica también tiene un componente político, ya que Cepyme y Foment de Treball acusan al Gobierno de utilizar la ampliación de representación como una concesión a partidos independentistas como Junts y ERC.
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